Ordenan detención inmediata de Lula da Silva

La orden fue dictada por el juez Sergio Morisco. El ex- presidente tiene plazo hasta las 5:00 de la tarde de este viernes para presentarse de forma voluntaria en la sede de la Policía Federal.

El poder judicial brasileiro ordenó la detención judicial del ex- presidente y aspirante presidencial Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.

El ex- líder va a tener plazo hasta las 5:00 de la tarde de este viernes para presentarse de forma voluntaria a la sede de la Policía Federal en Curitiba.

Conforme a la orden, dictada por el juez Sergio Morisco, Lula da Silva cumplirá condena en “una sala reservada” en la superintendencia de la Policía Federal, separado del resto presos, en “razón de la dignidad del cargo ocupado” por el ex- líder.
Sin ‘habeas corpus’

El pasado miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó el pedido de ‘habeas corpus’ presentado con caráter precautorio por los abogados del expresidente, en el caso de presunta corrupción que se le prosigue por la posesión de un departamento triplex.

Mientras que 5 de los once jueces votaron a favor del recurso, los otros 6 se manifestaron contra, lo que precipitó la orden de detención. Esa resolución trunca el camino de Lula a la presidencia de Brasil, pese a ser el más aventajado en las encuestas.

El juicio duró más de diez horas. La última en pronunciarse sobre el caso y decantar la balanza cara el ocasional encarcelamiento de Lula fue la jueza Cármen Lúcia.

¿De qué se le acusa?

La causa contra el exmandatario brasileiro es una parte del megacaso Lava Jato (lavado a presión, en castellano), que descubrió una trama de corrupción cerca de la compañía estatal Petrobrás y un compendio de sobornos pagados a líderes políticos por la parte de la constructura Odebrecht.

Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo acusan de admitir un suntuoso departamento triplex, en frente de la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (ayuntamiento del estado de San Pablo), a cambio de favorecer a la constructora OAS en sus contratos con la estatal petrolera. No obstante, a lo largo del juicio no se consiguió probar que Lula sea el dueño del inmueble, y tampoco se ha identificado cuál sería el acto o bien la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.

Por ese hecho, a Lula se le ha acusado bajo el cargo de corrupción pasiva, delito que supone que un funcionario público efectúa o bien deja de cumplir un acto de su competencia a cambio de algún beneficio. Bajo ese alegato, fue condenado el año pasado a 9 años de cárcel por un juez de primera instancia; la condena, revisada por un tribunal de apelación, fue confirmada en el primer mes del año y elevó la pena a doce años y un mes de prisión.

En la opinión de la doctora en derecho, Gisele Ricobom, la velocidad y la excepcionalidad del caso es una muestra de la intromisión del poder judicial en la política y la democracia.