Nicolás Maduro prolonga el estado de excepción y emergencia en Venezuela

El presidente Nicolás Maduro decidió extender el decreto viendo que se sostiene “el asedio contra la restauración de la economía venezolana”.

A través de un decreto publicado en la Revista Oficial número dos mil ochocientos cuarenta y nueve, el presidente Nicolás Maduro alargó el estado de salvedad y urgencia en Venezuela por sesenta días.

Conforme el texto oficial, convocado por Globovisión, la medida se tomó por el hecho de que se sostiene “el asedio contra la restauración de la economía venezolana” y la “actitud hostil” de la oposición venezolana con el llamado al “desconocimiento de las autoridades legal y legítimamente constituidas”, con lo que es deber del Estado de “proteger y asegurar la vida digna de sus ciudadanas y ciudadanos”.

La resolución tiene su sustento en el artículo doscientos treinta y seis de la Constitución, que capacita al presidente para declarar el estado de salvedad. El decreto va a tener una vigencia de sesenta días, desde el trece de mayo, y puede prorrogarse por exactamente el mismo plazo.

¿Qué implica?

Conforme al decreto, en vista de “las circunstancias excepcionales en el campo social, económico y político” que afectan el normal desenvolmiento del país, van a poder limitarse las garantías constitucionales, establecerse regulaciones “inusuales y transitorias” para impulsar el aparato productivo, disponerse de recursos para asegurar la inversión social y los insumos básicos del país y dictar medidas excepcionales en materia monetaria.

El texto asimismo capacita al Ejecutivo para suscribir “contratos de interés público” que dejen la obetención y aprovechamiento de recursos estratégicos para Venezuela; autorizar operaciones de financiamiento para proyectos aprobados por Ley de Endeudamiento; diseñar y poner en práctica “planes singulares de seguridad pública”; hacer ajustes a la Unidad Tributaria (O bien.T.), como darle luz verde a la “formulación presupuestaria del Banco Central de Venezuela”, frente a la inhabilitación legal o bien judicial del órgano al que le toca hacerlo.

Maduro firmó este decreto en la mitad de un convulso escenario político que se atiza con la negativa de la derecha a seguir en el proceso de diálogo, la violencia liberada por los campos opositores y la obstrucción al país que representa la situación de desobedezco de la Reunión Nacional (AN), que rechaza acogerse a los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Entre otras muchas medidas que va a poder tomar el presidente están la implementación de políticas en materia bancaria, financiera, alimenticia, tributaria, de administración pública y planificación, que dejen la “aplicación rigurosa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. El texto va a ser mandado a la Sala Constitucional del TSJ y es la séptima vez que se dictamina.